El asesinato de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió en La Plata tras ser arrastrada por delincuentes menores de edad, reavivó la discusión sobre la edad de imputabilidad. En este contexto, el Gobierno busca acelerar el tratamiento del proyecto de Régimen Penal Juvenil, presentado el año pasado, que propone reducir la edad mínima para ser juzgado a 13 años.
Actualmente, la legislación argentina establece que los menores de 16 años no pueden ser imputados por delitos, lo que significa que uno de los acusados por el crimen de Kim, con 14 años, no podrá ser condenado. En cambio, el adolescente de 17 años, que ya tenía antecedentes por intento de robo, sí enfrentará cargos, aunque con penas reducidas en comparación con un adulto.
El proyecto oficial y los diferentes enfoques en debate
El oficialismo impulsa la modificación del régimen penal juvenil con el objetivo de “evitar la impunidad de los crímenes cometidos por menores” y hacer frente al “crecimiento de la criminalidad juvenil”. La iniciativa contempla que los adolescentes de entre 13 y 18 años puedan ser imputados por cualquier delito tipificado en el Código Penal, además de sancionar a los adultos que los instiguen a delinquir.
El proyecto también propone la creación de establecimientos especiales para la detención de menores, con secciones separadas de las cárceles comunes y bajo la supervisión de personal especializado.
Sin embargo, esta no es la única propuesta en debate. En el Congreso hay al menos 12 iniciativas presentadas por distintos bloques con enfoques variados. Por ejemplo, el proyecto del PRO, impulsado por Diego Santilli, establece una edad mínima de 15 años y fija penas máximas de 15 años para homicidios dolosos y abusos sexuales. Por su parte, la diputada radical Ana Carla Carrizo propone bajar la edad a 14 años, pero solo para delitos graves con penas superiores a 10 años.
El camino legislativo y la postura del Gobierno
El proyecto oficial ya fue debatido en siete sesiones informativas en el Congreso, donde distintos especialistas expusieron sus posturas. Superada esta etapa, ahora el foco estará en lograr acuerdos políticos para firmar un dictamen y llevarlo al recinto para su votación.
Desde el Gobierno insisten en que la reforma es urgente. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó que se priorice el debate en el Congreso:
🗣️ “Hace un año presentamos el Régimen Penal Juvenil. Su tratamiento debe ser urgente. No podemos seguir permitiendo la impunidad de los menores delincuentes, y menos aún de los reincidentes”, expresó en sus redes sociales.
El debate sobre la baja de imputabilidad divide opiniones. Mientras algunos sectores advierten que la criminalidad juvenil está en aumento y exigen endurecer las penas, otros alertan sobre los riesgos de tratar a los adolescentes como adultos en el sistema penal y proponen medidas de prevención y reinserción.
¿Avanzará la reforma?
Con el caso de Kim como eje del debate público, el oficialismo busca avanzar rápidamente en el Congreso. Sin embargo, la discusión no será sencilla: la oposición aún no ha definido una postura unificada, y sectores de derechos humanos advierten que la criminalización de menores no es la solución al problema de la inseguridad.
El Gobierno apuesta a que el debate cobre fuerza en los próximos meses para obtener los consensos necesarios y modificar el sistema penal juvenil en Argentina.