Un peritaje de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional concluyó que no existen elementos suficientes para determinar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El material forma parte de una investigación judicial por presuntos sobornos relacionados con la compra de medicamentos.
El informe técnico identificó distintas irregularidades en los archivos examinados, entre ellas discontinuidades abruptas, inconsistencias acústicas e indicios compatibles con una posible regrabación. Estas características impidieron establecer si las grabaciones corresponden a registros originales y continuos o si fueron modificadas después de su producción.
Los especialistas también señalaron que no pudieron descartar una eventual manipulación del contenido ni el uso de herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces. Por ese motivo, el estudio no permitió validar las grabaciones ni atribuir técnicamente las voces a las personas imputadas en la causa.
Las irregularidades detectadas en las grabaciones
Entre los principales hallazgos, los peritos describieron características acústicas compatibles con un proceso conocido como transferencia acústica, asociado a la regrabación de un material sonoro. Además, encontraron interrupciones e inconsistencias que no se corresponden con las condiciones esperables de una grabación continua.
De acuerdo con el análisis, estos indicios podrían estar relacionados con intervenciones posteriores, cortes o procedimientos de edición. Sin embargo, las condiciones de los archivos no permitieron determinar de manera concluyente cómo se originaron esas anomalías ni establecer si hubo una alteración deliberada.
Otro de los aspectos centrales fue la imposibilidad de garantizar la integridad del material durante todo el proceso previo al peritaje. El documento indicó que la cadena de custodia se había interrumpido antes de que los archivos llegaran a manos de los especialistas.
La cadena de custodia es un procedimiento destinado a asegurar que las pruebas analizadas sean las mismas que se obtuvieron originalmente y que no hayan sufrido modificaciones durante su traslado, almacenamiento o manipulación. Su interrupción representa una limitación para comprobar la confiabilidad de los elementos incorporados a una investigación.
Los peritos de las partes que intervinieron en el estudio coincidieron en que las condiciones del material no permitían arribar a una conclusión definitiva sobre su autenticidad.
El origen de la investigación por presuntos sobornos
La causa se inició luego de que se difundieran audios atribuidos a Spagnuolo en los que se describía un supuesto mecanismo de cobro de sobornos a prestadores y droguerías vinculados con la adquisición de medicamentos.
En uno de los fragmentos que se hicieron públicos se mencionaba a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, en relación con una presunta distribución de fondos. No obstante, Karina Milei nunca estuvo imputada en esta causa.
La difusión de las grabaciones impulsó la investigación sobre las posibles irregularidades denunciadas en el ámbito de la ANDIS. Desde el inicio, la autenticidad del material se convirtió en un punto relevante para determinar qué valor podía tener como evidencia dentro del expediente.
La defensa de Spagnuolo había planteado dudas sobre el origen de los audios y sostuvo que podían haber sido editados o generados mediante inteligencia artificial. A partir de esos cuestionamientos, la Justicia dispuso un análisis técnico para establecer si era posible verificar las grabaciones y avanzar con las distintas líneas de investigación.
La causa seguirá abierta pese a las limitaciones del peritaje
El expediente continuará bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien deberá evaluar el alcance de las conclusiones periciales y determinar qué medidas de prueba corresponde adoptar.
La imposibilidad de confirmar la autenticidad de los audios constituye un elemento relevante para el desarrollo del proceso, pero no implica automáticamente el cierre de la investigación sobre las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.
La Justicia deberá analizar el informe junto con el resto de las pruebas disponibles y establecer si existen otros elementos que permitan profundizar las denuncias. Por el momento, el estudio de Gendarmería no pudo confirmar el origen de las grabaciones ni determinar técnicamente quiénes serían las personas que aparecen en ellas.
