El oficialismo negocia cambios al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, pero todavía no logra consenso sobre la integración del Consejo de Seguridad Nacional ni sobre las facultades de control del Congreso. La intención es obtener dictamen el martes 20 de octubre, aunque el tratamiento en el recinto previsto para el miércoles sigue en duda.
Las diferencias dentro del Gobierno nacional por el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional mantienen abiertas las negociaciones con los bloques aliados y complican el avance parlamentario de la iniciativa. La discusión se concentra en la composición del nuevo Consejo de Seguridad Nacional, el alcance de sus atribuciones y el nivel de intervención que tendría el Congreso sobre determinadas decisiones.
La Secretaría Legal y Técnica envió nuevas propuestas de modificación, pero las alternativas todavía no consiguieron el respaldo necesario para cerrar un acuerdo. En La Libertad Avanza reconocen que el texto requiere otra revisión y que las diferencias sobre el organismo que impulsa el presidente Javier Milei constituyen uno de los principales obstáculos.
El oficialismo apunta a conseguir dictamen el martes 20 de octubre. Sin embargo, la posibilidad de llevar el proyecto a la sesión del miércoles 21 permanece en duda mientras continúen las objeciones de los sectores dialoguistas.
La integración del Consejo de Seguridad, uno de los principales desacuerdos
El proyecto original establece que el Consejo de Seguridad Nacional estará presidido por Milei e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.
Durante las negociaciones circuló la posibilidad de incorporar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. La alternativa encontró resistencias y, por el momento, quedó descartada.
También existen diferencias sobre la participación permanente de la Secretaría Legal y Técnica. Mientras algunos referentes del oficialismo consideran que ese lugar podría revisarse, otros rechazan modificar la estructura del organismo para sumar legisladores o alterar las funciones previstas para el Poder Ejecutivo.
En el entorno de Santiago Caputo defienden la arquitectura institucional de la iniciativa y sostienen que el Consejo debe mantener su carácter de organismo de conducción y coordinación del Ejecutivo. La conducción parlamentaria, en tanto, busca acercar posiciones para reunir los votos necesarios.
El Congreso y el alcance del control sobre las decisiones
Otro punto central de la discusión es el funcionamiento de la comisión bicameral que tendría a su cargo supervisar las actividades del Consejo de Seguridad Nacional.
La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, había anticipado que el Gobierno estaba dispuesto a incorporar un mecanismo de seguimiento parlamentario. Sin embargo, durante las conversaciones también se evaluó una alternativa más amplia, que permitiría al Congreso autorizar determinadas decisiones antes de que se ejecuten.
La propuesta no consiguió consenso dentro del oficialismo y todavía no existe una redacción acordada sobre las atribuciones de la comisión ni sobre las decisiones que quedarían alcanzadas.
La diferencia es relevante porque un mecanismo de seguimiento permitiría recibir información, solicitar explicaciones y controlar posteriormente las actuaciones del Ejecutivo. En cambio, un esquema de autorización previa condicionaría determinadas medidas a la aprobación legislativa.
Los bloques aliados reclaman mayor precisión sobre estos mecanismos y buscan evitar que las facultades del nuevo organismo queden definidas sin suficientes controles institucionales.
La ausencia de Seguridad también genera objeciones
La composición del Consejo incluye otro punto de conflicto: la ausencia del Ministerio de Seguridad Nacional entre sus integrantes permanentes.
El PRO y otros sectores dialoguistas reclamaron incorporar esa cartera para delimitar las competencias de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales, especialmente en las tareas de protección de instalaciones estratégicas.
Desde el entorno de Caputo sostienen que la iniciativa no pretende modificar el régimen de seguridad interior y que debe preservarse la separación entre las funciones militares y policiales.
Los aliados, por su parte, advierten que la falta de precisiones podría generar superposiciones en la protección de infraestructuras críticas. Por eso, reclaman definir con mayor claridad las responsabilidades de cada organismo y los procedimientos de actuación ante amenazas.
Las facultades sobre infraestructuras críticas y amenazas aéreas
El proyecto también asigna al Consejo de Seguridad Nacional la elaboración de la Política de Seguridad Nacional, la supervisión de su cumplimiento y la identificación de infraestructuras críticas.
Además, contempla procedimientos de respuesta ante amenazas graves y mecanismos de actuación sobre determinados espacios aéreos y marítimos. Estos puntos generaron pedidos de precisión por parte de los bloques aliados, que buscan delimitar las atribuciones estatales y establecer criterios concretos para aplicar las medidas previstas.
Las objeciones incluyen la definición de la autoridad de aplicación, el alcance de las decisiones administrativas y la necesidad de mantener mecanismos de intervención legislativa en determinadas operaciones militares.
La discusión excede, por lo tanto, la creación formal de un nuevo organismo: también involucra la distribución de competencias entre ministerios, fuerzas de seguridad y autoridades políticas.
Cuestionamientos al artículo sobre injerencia extranjera
Las diferencias también alcanzan al artículo 111 del proyecto, que establece penas de cinco a doce años de prisión para determinadas conductas de injerencia extranjera. Entre los supuestos contemplados figuran campañas coordinadas de desinformación destinadas a alterar procesos electorales.
El PRO, la UCR y otros bloques reclamaron precisar el alcance de la disposición para resguardar la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y la actividad académica.
El oficialismo aceptó revisar la redacción, pero todavía no consiguió una versión que reúna el respaldo de todos los sectores involucrados en la negociación.
La definición de estos límites es uno de los asuntos que los aliados consideran necesario resolver antes de acompañar el proyecto, debido a las consecuencias penales que podrían derivarse de su aplicación.
Un proyecto de 133 artículos que el Gobierno quiere mantener unificado
La iniciativa fue enviada al Congreso el 17 de septiembre y está compuesta por 133 artículos distribuidos en ocho títulos.
El primer apartado establece un régimen de sanciones contra la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas y sus espacios marítimos sin autorización argentina. Los capítulos restantes incorporan cambios vinculados con seguridad nacional, defensa, inteligencia, protección de infraestructuras críticas y legislación penal.
La amplitud del paquete es parte de las dificultades para alcanzar acuerdos. Unión por la Patria y otros bloques propusieron separar las sanciones relacionadas con Malvinas de las reformas institucionales en materia de seguridad, defensa e inteligencia.
El Ejecutivo rechaza esa alternativa y pretende conservar el tratamiento unificado. En la Casa Rosada consideran que dividir el proyecto debilitaría el objetivo de establecer una estrategia integral para la protección de los intereses soberanos argentinos.
El Gobierno también vincula la iniciativa con la agenda estratégica que Milei busca profundizar con Estados Unidos. Sin embargo, no existe una definición pública de Washington sobre el contenido del proyecto ni sobre las negociaciones parlamentarias en curso.
El dictamen del martes, clave para el futuro de la iniciativa
Las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal tienen previsto volver a reunirse el martes 20 de octubre, después de que el oficialismo no consiguiera firmar dictamen durante el plenario del miércoles 14.
En La Libertad Avanza reconocen que las modificaciones presentadas hasta ahora no fueron suficientes para cerrar los acuerdos parlamentarios. Martín Menem continúa las conversaciones con los bloques aliados, mientras que otros sectores del oficialismo buscan preservar la estructura y las facultades previstas en el texto original.
La posibilidad de que el expediente llegue a la sesión del miércoles 21 dependerá de que se resuelvan las diferencias sobre la integración del Consejo, los controles legislativos y los artículos que generaron cuestionamientos.
Por ahora, el Gobierno mantiene su intención de avanzar con el paquete completo, pero las negociaciones siguen abiertas y el respaldo necesario para llevarlo al recinto todavía no está asegurado.
