El intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, aliado directo del gobernador Gustavo Valdés y figura del oficialismo provincial, vuelve a quedar en el centro de la polémica. Según información revelada en el programa radial “De los Valores y la Política”, el jefe comunal habría forzado la salida de varios funcionarios municipales que no se alineaban a sus decisiones, y lo hizo —según denuncian— mediante una maniobra engañosa para ocultar la interna política que atraviesa su gestión.
De acuerdo al informe, Irigoyen habría exigido la renuncia de funcionarios considerados «poco obsecuentes» con sus medidas arbitrarias, y al no obtener una respuesta favorable, optó por firmar resoluciones de cese de funciones, mintiendo a la ciudadanía al afirmar que se trataba de dimisiones voluntarias.
Las fuentes del programa afirman tener pruebas documentales que desmienten la versión oficial y anticipan que esta situación vulnera derechos laborales y rompe acuerdos políticos preexistentes dentro de la alianza local. “¿Así piensan construir futuro en Corrientes? ¿Persiguiendo a quienes no se someten al dedo del poder?”, cuestionaron desde el aire.
La denuncia golpea de lleno al discurso del oficialismo correntino que, desde la cúpula provincial, se presenta como garante de la institucionalidad y el diálogo. Sin embargo, el caso Irigoyen muestra lo contrario: un modelo de gestión que premia la obediencia ciega y castiga la disidencia interna.
Lo que prometía ser una administración de consensos, hoy aparece manchada por denuncias de persecución política, autoritarismo y manipulación institucional.